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Los juicios pendientes del 27-F: sólo en dos casos se ha llegado a condena penal

  • En la arista civil, se condenó a dos inmobiliarias a indemnizar a las víctimas por el derrumbe de sus viviendas y en otros dos se alcanzó un acuerdo antes de llegar a un juicio.

Fuente: El Mercurio

Un ingeniero calculista fue condenado por el desplome del edificio Alto Río en Concepción. El juicio podría anularse el próximo 4 de marzo.

Un ingeniero calculista fue condenado por el desplome del edificio Alto Río en Concepción. El juicio podría anularse el próximo 4 de marzo.

Santiago, Chile. 25 febrero, 2013. El 4 de marzo próximo, las familias que alguna vez habitaron el edificio Alto Río de Concepción -donde hoy sólo queda un terreno baldío- deberán asistir a la Corte de Apelaciones de Concepción. Ahí, esperarán un fallo favorable, que no obligue a repetir el largo juicio que en 2012 culminó con la condena del ingeniero calculista René Petinelli por cuasidelito de homicidio de las ocho personas que la noche del 27-F murieron bajo los escombros del edificio.

Petinelli fue condenado el 31 de octubre de 2012 por el tribunal oral en lo penal de Concepción, pero su defensa interpuso un recurso de nulidad ante el tribunal de alzada del Biobío.

Este es uno de los casos judiciales iniciados tras el terremoto y tsunami y que -a tres años de la tragedia- esperan una resolución definitiva. Penalmente, se han dictado dos condenas por muertes producidas por el sismo: la de Alto Río y la del edificio Cerro O’Higgins, de Constitución.

En mayo del año pasado, y tras un mes de juicio, el Tribunal Oral en lo Penal de Talca condenó a los ingenieros Óscar Castro y Ricardo Aránguiz por la muerte de ocho personas tras el derrumbe los blocks ubicados en Constitución. El fallo determinó que en 1997 validaron cálculos de ingeniería que no cumplían con la norma sísmica.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Talca acogió el recurso de nulidad interpuesto por la defensa, y se deberá realizar un nuevo juicio el 8 de abril.

Otros dos casos penales terminaron antes de llegar a juicio: los residentes de los edificios Don Luis y Don Tristán, de Maipú, ambos destruidos tras el 27-F- obtuvieron una indemnización de $ 100 millones, luego que los dueños de la constructora optaran por una suspensión condicional del procedimiento. Los residentes del edifico Sol Oriente de Macul también alcanzaron un acuerdo previo y fueron indemnizados.

Distinto es el panorama en los juicios civiles. Tres demandas por indemnización de perjuicios han sido acogidas en favor de las víctimas en primera instancia. Una de ellas por el edificio Alto Río, donde se condenó a la inmobiliaria a pagar $ 100 millones. Otra se falló en favor de una familia en San Pedro de la Paz, Concepción, a la que se le pagaron $ 10 millones por el desplome de su casa, la única que colapsó en un condominio de 44 casas.

La única demanda por una víctima del tsunami que ha llegado a la Corte Suprema, en tanto, se acogió en primera instancia pero luego fue rechazada por el máximo tribunal. Fue el caso de Ariel Soto Fonseca, que la noche del sismo escuchó por la radio que se descartaba el peligro de maremoto y, al bajar a Talcahuano a buscar a su familia, fue alcanzado por una ola.

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